En una sociedad libre, el gobierno tiene la responsabilidad de defendernos de otros, no de nosotros mismos. Walter Williams
¿Servicio público o abuso del poder?
25 Feb 2010
Montevideo (AIPE)- Entre los gobernantes suele haber una marcada tendencia a confundir el “interés público” con sus propios intereses, lo cual se evidencia en el uso y abuso que algunos gobernantes hacen de los medios de comunicación.
Para la democracia, una prensa libre y plural es fundamental. Por ello, Thomas Jefferson decía: “Si yo tuviera que decidir entre tener gobierno y no tener periódicos o tener periódicos y no tener un gobierno, no dudaría ni un segundo en elegir lo último”.
Jefferson describía los “principios esenciales del buen gobierno” e insistía que podemos reconocer cuando una democracia es auténtica porque en ella “todos tendrán en su mente el sagrado principio de que si bien ha de prevalecer en todos los casos la voluntad de la mayoría, esa voluntad ha de ser razonable para ser legítima; y que la minoría posee sus derechos iguales, que leyes iguales deben proteger, y que violar esto sería opresión”.
Es primordial, entonces, gozar de medios libres de toda amenaza y atadura, no sólo para dar información y opiniones diferentes, sino fundamentalmente para controlar y evitar excesos del poder político. Como la experiencia lo demuestra, en ello reside la garantía de que los derechos de las personas serán respetados.
Las autoridades han sido muy creativas en usufructuar, en provecho propio, de los medios de comunicación. Uno de esos inventos es la llamada cadena nacional obligatoria de radio y televisión. Se argumenta que, en ciertas ocasiones, el “interés superior” de la nación exige que sean obviados los derechos individuales, entre ellos el de propiedad, libertad de prensa y de expresión.
Escribo sobre este tema porque ha trascendido que el gobierno uruguayo va a sancionar a varios medios por no haber transmitido el spot televisivo de los promotores de la nulidad de la Ley de Caducidad, a la hora que fue pautado, como cadena nacional, el pasado 22 de octubre.
Ese hecho se inscribe dentro de la reciente campaña electoral donde, además de elegir al presidente y representantes nacionales, se sometía a plebiscito la referida ley. Esa consulta estaba indisolublemente ligada a los intereses del partido de izquierda, actualmente en el poder.
En octubre de 2009, la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad obtuvo permiso del Poder Ejecutivo para transmitir, en cadena nacional de radio y televisión, un spot de su campaña, donde se veían hijos de detenidos desaparecidos pidiendo el voto de los ciudadanos, pero no lograron alcanzar los votos requeridos.
A raíz de ello, el presidente Vázquez solicitó un informe detallado de las causas del retraso en la transmisión del mensaje y un jerarca declaró que “los medios que no se sumaron a la cadena serán multados como señal clara de que cuando se establece una cadena nacional los medios deben sumarse obligatoriamente, porque los medios hacen uso de un bien público y en contrapartida deben prestar determinados servicios cuando las necesidades del gobierno y el Estado los requiere”.
¿Puede haber un ejemplo más claro de la confusión reinante entre el interés público y el interés particular de los gobernantes? ¿Servicio público o flagrante abuso del poder?
___
* Analista política uruguaya.
© http://www.aipenet.com
Para la democracia, una prensa libre y plural es fundamental. Por ello, Thomas Jefferson decía: “Si yo tuviera que decidir entre tener gobierno y no tener periódicos o tener periódicos y no tener un gobierno, no dudaría ni un segundo en elegir lo último”.
Jefferson describía los “principios esenciales del buen gobierno” e insistía que podemos reconocer cuando una democracia es auténtica porque en ella “todos tendrán en su mente el sagrado principio de que si bien ha de prevalecer en todos los casos la voluntad de la mayoría, esa voluntad ha de ser razonable para ser legítima; y que la minoría posee sus derechos iguales, que leyes iguales deben proteger, y que violar esto sería opresión”.
Es primordial, entonces, gozar de medios libres de toda amenaza y atadura, no sólo para dar información y opiniones diferentes, sino fundamentalmente para controlar y evitar excesos del poder político. Como la experiencia lo demuestra, en ello reside la garantía de que los derechos de las personas serán respetados.
Las autoridades han sido muy creativas en usufructuar, en provecho propio, de los medios de comunicación. Uno de esos inventos es la llamada cadena nacional obligatoria de radio y televisión. Se argumenta que, en ciertas ocasiones, el “interés superior” de la nación exige que sean obviados los derechos individuales, entre ellos el de propiedad, libertad de prensa y de expresión.
Escribo sobre este tema porque ha trascendido que el gobierno uruguayo va a sancionar a varios medios por no haber transmitido el spot televisivo de los promotores de la nulidad de la Ley de Caducidad, a la hora que fue pautado, como cadena nacional, el pasado 22 de octubre.
Ese hecho se inscribe dentro de la reciente campaña electoral donde, además de elegir al presidente y representantes nacionales, se sometía a plebiscito la referida ley. Esa consulta estaba indisolublemente ligada a los intereses del partido de izquierda, actualmente en el poder.
En octubre de 2009, la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad obtuvo permiso del Poder Ejecutivo para transmitir, en cadena nacional de radio y televisión, un spot de su campaña, donde se veían hijos de detenidos desaparecidos pidiendo el voto de los ciudadanos, pero no lograron alcanzar los votos requeridos.
A raíz de ello, el presidente Vázquez solicitó un informe detallado de las causas del retraso en la transmisión del mensaje y un jerarca declaró que “los medios que no se sumaron a la cadena serán multados como señal clara de que cuando se establece una cadena nacional los medios deben sumarse obligatoriamente, porque los medios hacen uso de un bien público y en contrapartida deben prestar determinados servicios cuando las necesidades del gobierno y el Estado los requiere”.
¿Puede haber un ejemplo más claro de la confusión reinante entre el interés público y el interés particular de los gobernantes? ¿Servicio público o flagrante abuso del poder?
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* Analista política uruguaya.
© http://www.aipenet.com
